Orden INT/859/2023, de 21 de julio, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y territoriales de la Dirección General de la Policía.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una Orden del Ministerio del Interior, firmada el 21 de julio de 2023, que reorganiza internamente la Dirección General de la Policía (la Policía Nacional). No es una ley nueva, sino un desarrollo técnico de una norma anterior (Real Decreto 734/2020) que ya había fijado la estructura básica del Ministerio: esta orden concreta cómo se organiza por dentro la Policía Nacional, qué unidades existen, de quién dependen y qué funciones tiene cada una. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a la organización interna de la Policía Nacional y a su personal. La norma no impone obligaciones ni cargas nuevas a los ciudadanos. Su impacto en la ciudadanía es indirecto: una estructura policial más ordenada y eficiente debe traducirse en mejores servicios de seguridad pública. **¿Qué cambia o establece?** La orden crea o modifica varias unidades policiales. Entre los cambios más destacados: se crea una Unidad Central de Ciberdelincuencia —con una brigada específica contra el fraude informático— dentro de la Policía Judicial; se refuerza la lucha contra las redes de inmigración ilegal con nuevas brigadas especializadas; se crea una División de Operaciones y Transformación Digital para impulsar la digitalización policial; se concentra la expedición de documentos de identidad en un área específica; y los antiguos "servicios periféricos" pasan a llamarse "servicios territoriales". Además, se regula la División de Cooperación Internacional, que gestiona la relación de la Policía Nacional con organismos como INTERPOL, EUROPOL y la agencia europea de fronteras FRONTEX.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta orden, la estructura de la Policía Nacional respondía al Real Decreto 734/2020, que establecía el marco básico pero sin especificar las unidades operativas necesarias para responder a amenazas emergentes. Esta orden de 2023 representa una adaptación a nuevas prioridades: mientras la Policía Nacional sigue siendo competencia exclusiva del Estado español (a diferencia de las policías autonómicas como Mossos d'Esquadra o Ertzaintza, que tienen capacidades limitadas), la creación de la Unidad Central de Ciberdelincuencia alinea a España con directivas europeas sobre ciberseguridad y cooperación en EUROPOL y FRONTEX. La orden no requiere aprobación parlamentaria porque es desarrollo reglamentario del Ministerio, no ley. Para el ciudadano importa porque una policía más especializada en fraude informático, inmigración ilegal y digitalización responde mejor a delitos que afectan directamente sus derechos: robos de identidad, estafas online y seguridad en fronteras.