Real Decreto 669/2023, de 18 de julio, por el que se regula el Distintivo de Igualdad de Género en I+D+I.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 669/2023, de 18 de julio, regula el Distintivo de Igualdad de Género en I+D+I, un reconocimiento oficial que el Estado español otorga a centros de investigación, universidades y centros de innovación que demuestren alcanzar un nivel de excelencia en igualdad de género dentro de sus actividades de investigación, desarrollo e innovación. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a centros de investigación, universidades y centros de innovación que quieran obtener o acreditar este distintivo. De forma indirecta, también incumbe a mujeres investigadoras, tecnólogas e innovadoras, así como a toda la ciudadanía interesada en el avance de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito científico y tecnológico. **¿Qué cambia o establece?** Desarrolla lo previsto en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (modificada en 2022) y crea el marco concreto para conceder ese distintivo a las entidades que acrediten criterios de excelencia en igualdad de género: desde garantizar entornos de investigación igualitarios e inclusivos hasta integrar la perspectiva de género en sus proyectos de I+D+I. Con ello se busca combatir desequilibrios constatados, como la infrarrepresentación de mujeres en disciplinas STEM, la brecha salarial en el ámbito académico y el abandono progresivo de las mujeres de las carreras científicas a medida que ascienden en su trayectoria profesional.
💬 Contexto ciudadano
Antes del RD 669/2023, España carecía de un marco específico para acreditar excelencia en igualdad de género en I+D+I, aunque la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (modificada en 2022) ya lo preveía. El distintivo se alinea con iniciativas europeas como la Carta de Excelencia para Investigadores, pero resulta más concreto y sectorializado. Mientras España ha regulado ahora este mecanismo de certificación, algunas comunidades autónomas como Cataluña ya disponían de programas propios. Para el ciudadano, la diferencia es crucial: instituciones certificadas acceden a financiación preferente y ventajas en contrataciones públicas, incentivando cambios estructurales que mejoren el acceso femenino a STEM y cargos científicos.