Real Decreto 664/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una modificación del Real Decreto 277/2016, la norma española que regula cómo se crean y funcionan las organizaciones profesionales del sector pesquero y acuícola (cooperativas de productores, asociaciones interprofesionales, etc.). El cambio se aprueba en julio de 2023 para adaptar esa regulación a la experiencia acumulada desde 2016 y a las necesidades actuales del sector. **¿A quién afecta?** Afecta a los pescadores, acuicultores y demás productores del sector pesquero y acuícola en España, especialmente a quienes pertenecen o quieren constituir una Organización de Productores Pesqueros (OPP), una Asociación de Organizaciones de Productores (AOP) o una Organización Interprofesional Pesquera (OIP). También afecta a las administraciones públicas que gestionan y supervisan estas entidades. **¿Qué cambia o establece?** La norma introduce varios cambios concretos: elimina la obligación de clasificar a los miembros de las organizaciones por segmentos (una categorización que estaba frenando el crecimiento de las entidades existentes y la creación de nuevas), reduce las cuotas mínimas exigibles a las AOP y las OIP, añade nuevas definiciones legales —como la de "unidad de producción"— para dar más claridad jurídica, y simplifica procedimientos como los planes de producción y comercialización. Además, refuerza el uso de la aplicación informática OPPES como herramienta de gestión e información para productores y administraciones.
💬 Contexto ciudadano
El Real Decreto 277/2016 establecía un régimen rígido donde las organizaciones pesqueras debían clasificar a sus miembros por segmentos de producción, lo que limitó su creación durante siete años. El RD 664/2023 alivia estas cargas para alinearse mejor con la Organización Común de Mercados de la UE (Reglamento 1379/2013), que promueve la agrupación de productores sin corsés administrativos. En España, la modificación elimina la clasificación obligatoria y reduce cuotas, aproximándose al marco comunitario; ninguna comunidad autónoma ha aprobado marcos alternativos por ser pesca competencia estatal. Para el productor, la diferencia es crucial: una normativa flexible facilita asociarse para negociar mejores precios y acceder a financiación comunitaria, reduciendo la brecha con productores de otros Estados miembros.