Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en el ámbito de la Abogacía General del Estado.

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** El Real Decreto 649/2023, de 18 de julio, es una norma del Gobierno central que actualiza las reglas por las que se rige la Abogacía General del Estado —el servicio de abogados que representa y defiende jurídicamente a la Administración española—. Sustituye a una regulación anterior del año 2003 y desarrolla lo previsto en la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado, adaptándola a las formas de funcionamiento actuales de la Administración. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los Abogados del Estado y a los órganos de la Abogacía General del Estado en su trabajo diario. De forma indirecta, tiene consecuencias para cualquier ciudadano, empresa o entidad que mantenga un litigio o consulta jurídica frente al Estado, ya que regula cómo actúan los abogados que defienden a la Administración, sus organismos públicos y órganos constitucionales ante los tribunales y en tareas de asesoramiento. **¿Qué cambia o establece?** La norma organiza la actuación de la Abogacía del Estado en dos grandes áreas: la consultiva (asesoramiento jurídico a la Administración) y la contenciosa (defensa en juicio). Entre las principales novedades se encuentran: la ampliación de la validez de los poderes notariales verificados por la Abogacía más allá del ámbito en que se otorgaron; nuevas reglas para derivar conflictos hacia la mediación u otras vías extrajudiciales; normas para evitar conflictos de interés cuando el mismo abogado defiende a dos entidades públicas enfrentadas; y una regulación completa de cómo actúa la Abogacía ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.