Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** El Real Decreto 667/2023, de 18 de julio, crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública. Se trata de un órgano del Gobierno de España cuyo fin es impulsar que, cuando las Administraciones Públicas compran bienes o contratan servicios y obras, se tengan en cuenta criterios sociales además de los económicos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las Administraciones Públicas españolas que celebran contratos públicos, así como a las empresas y entidades que concurren a esas licitaciones. De forma indirecta, beneficia a colectivos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, trabajadores en riesgo de exclusión social y entidades de economía social, ya que son precisamente ellos los destinatarios de las cláusulas sociales que se quieren promover. **¿Qué cambia o establece?** El decreto crea formalmente esta Comisión Interministerial como respuesta a un mandato acumulado de normas europeas —especialmente la Directiva 2014/24/UE— y de políticas nacionales como la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia Española de Economía Social 2023-2027. Su objetivo es coordinar la acción de distintos ministerios para que los contratos públicos incorporen de manera efectiva condiciones que promuevan el empleo de calidad, la inclusión social y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
💬 Contexto ciudadano
Las cláusulas sociales en contratación pública no son novedad en España: la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 ya las contemplaba, siguiendo el mandato de la Directiva 2014/24/UE que desde 2014 permitía que administraciones priorizaran criterios sociales junto a económicos. Sin embargo, su aplicación fue fragmentada y sin coordinación efectiva entre ministerios. Este Real Decreto responde a esa ausencia de mecanismo integrador, diferenciándose de comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco que desarrollaron políticas propias más avanzadas. La novedad consiste en crear una coordinación estatal que asegure consistencia nacional, evitando que derechos como la inclusión laboral de personas vulnerables dependan de la región donde se contrate. Esto importa significativamente al ciudadano: garantiza que la inversión pública genere oportunidades sociales uniformes, independientemente del territorio.