Ley 8/2023, de 28 de julio, por la que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobada en julio de 2023, que modifica la Ley 4/2017 sobre los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía. No crea una norma nueva desde cero, sino que corrige y actualiza dos aspectos concretos de esa ley anterior para adaptarlos a la normativa europea y a la realidad detectada tras años de aplicación. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a dos grupos: las personas con discapacidad o movilidad reducida que usan servicios de suministro de combustible (gasolineras) y las personas titulares de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida. También afecta a los titulares de estaciones de servicio automáticas y a cualquier tercero que use de forma indebida una tarjeta de estacionamiento ajena. **¿Qué cambia o establece?** La ley introduce dos cambios. Primero, modifica la obligación de tener personal en las gasolineras automáticas: ya no se exige empleado en todo caso, sino únicamente cuando la máquina expendedora no cumpla los requisitos de accesibilidad, adaptando así la norma andaluza a las exigencias del derecho europeo sobre libre establecimiento de empresas. Segundo, reforma el régimen sancionador por uso indebido de la tarjeta de estacionamiento: hasta ahora solo se sancionaba al titular de la tarjeta retirándosela, dejando sin castigo a quien la usaba sin ser su dueño; con esta modificación, los terceros que usen indebidamente la tarjeta —con o sin el original, incluso con una fotocopia— también pueden ser sancionados directamente.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 8/2023 adapta la regulación andaluza a exigencias europeas tras años de aplicación de la norma de 2017. Anteriormente, las gasolineras automáticas exigían personal obligatorio, requisito que las directivas UE sobre libre establecimiento permitían flexibilizar si garantizaban accesibilidad. Andalucía ha introducido este cambio y reforzado sanciones contra uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento, castigando ahora a terceros usuarios además de titulares, mientras otras comunidades mantienen regulaciones más restrictivas. Esta diferencia importa para el ciudadano con discapacidad porque aumenta su acceso a servicios y protección contra fraudes, al tiempo que reduce barreras empresariales sin sacrificar inclusión.