Ley 7/2023, de 24 de julio, de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley aprobada por el Parlamento de Andalucía el 24 de julio de 2023 que crea dos nuevos cuerpos de funcionarios especializados en la Administración de la Junta de Andalucía: el Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría y el Cuerpo Técnico de Intervención y Auditoría. Ambos quedan adscritos a la Intervención General de la Junta de Andalucía, que es el órgano encargado del control interno de la actividad financiera pública andaluza. **¿A quién afecta?** Afecta al personal funcionario que desempeña o vaya a desempeñar funciones de control interno, auditoría, contabilidad y supervisión en la Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del sector público regional. También afecta a quienes en el futuro quieran acceder a estos puestos, ya que deberán superar procesos selectivos con programas de materias específicos propios de estos nuevos cuerpos, distintos a los de los cuerpos generales de la Administración. **¿Qué cambia o establece?** Hasta ahora, las funciones de control previo, control financiero, contabilidad y auditoría las venían ejerciendo funcionarios de los cuerpos generales de la Administración andaluza. La ley considera que la creciente complejidad de esas tareas —incluyendo las nuevas obligaciones de información ante instancias nacionales y europeas, los requerimientos de órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, y la nueva función de supervisión continua de organismos públicos— exige una cualificación técnica específica que los cuerpos generales no recogen en toda su extensión. Por ello, la ley crea dos cuerpos especializados con competencias, capacidades y conocimientos propios definidos para dar respuesta a ese modelo de control interno más exigente y especializado.
💬 Contexto ciudadano
Antes de esta ley, Andalucía confiaba el control interno y auditoría a funcionarios de cuerpos generales sin especialización técnica específica, modelo similar al que aún mantienen algunas comunidades autónomas, aunque otras como Cataluña y la Administración General del Estado ya disponían de cuerpos especializados en intervención. La normativa estatal y las directivas europeas sobre control presupuestario y fraude presionan hacia esta especialización, revelada en Andalucía como necesaria dado el aumento de obligaciones informativas europeas y requerimientos judicales. Mientras Andalucía avanza con esta reforma en 2023, comunidades rezagadas aún carecen de estructuras equivalentes, creando desigualdades en la calidad del control interno territorial. Para el ciudadano andaluz importa significativamente, pues personal específicamente formado en auditoría y contabilidad compleja incrementa la probabilidad de detectar irregularidades en fondos públicos, mejora la transparencia y reduce riesgos de malversación.