Ley OrdinariaNacionalvigente

Ley 2/2023, de 14 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia.

BOE-A-2023-18340Publicada: 14/08/2023COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** La Ley 2/2023, de 14 de marzo, es una norma del Parlamento de Galicia que modifica la Ley 3/2014, reguladora del Consejo Consultivo de Galicia, que es el órgano que asesora jurídicamente a la Xunta y a las administraciones públicas gallegas. La reforma actualiza varios aspectos del funcionamiento interno de esta institución para adaptarla a la realidad actual. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al propio Consejo Consultivo de Galicia, a su personal (especialmente el personal letrado y el resto de empleados del órgano), y a sus miembros, incluidos los llamados consejeros natos —entre ellos quienes hayan ejercido la presidencia de la Xunta de Galicia—. También afecta a las personas o entidades que se relacionan con el Consejo para formular alegaciones en los procedimientos de consulta. **¿Qué cambia o establece?** La ley introduce cuatro cambios principales: primero, regula cómo se compone la Sección de Estudios e Informes cuando no hay consejeros natos, previendo una composición alternativa con consejeros electivos. Segundo, obliga a publicar los informes de esa Sección al mes de su aprobación, salvo que la Administración solicitante pida expresamente que no se publiquen. Tercero, moderniza el funcionamiento del Consejo dando preferencia a los medios electrónicos tanto para las alegaciones como para la comunicación de informes y dictámenes. Cuarto, prevé un sistema transitorio de carrera profesional para el personal del Consejo hasta que se implante un sistema definitivo, y adapta el texto al hecho de que el cuerpo propio de letrados fue suprimido e integrado en la escala de letrados de la Xunta.

💬 Contexto ciudadano

El Consejo Consultivo de Galicia, regulado desde 2014, funcionaba en un marco que requería actualización tras una década. Esta reforma 2023 se alinea con la tendencia estatal y europea hacia mayor transparencia y digitalización, particularmente mediante publicación de informes, salvo exclusión expresa. Mientras otros consejos autonómicos mantienen modelos menos transparentes, Galicia avanza hacia estándares de mayor apertura similares a otras grandes comunidades. Para el ciudadano, esto significa mayor acceso a criterios jurídicos que orientan la administración pública gallega, fomentando transparencia y previsibilidad administrativas, aunque con excepciones que protegen decisiones sensibles.

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