Ley 1/2023, de 14 de marzo, de medidas sobre el régimen jurídico del personal al servicio del Valedor del Pueblo y del Consejo de Cuentas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley de la Comunidad Autónoma de Galicia que actualiza las normas que regulan al personal que trabaja en dos instituciones autonómicas: el Valedor do Pobo (equivalente al Defensor del Pueblo gallego) y el Consello de Contas (órgano de control del gasto público). Su objetivo es mejorar el funcionamiento de estas instituciones adaptando su regulación a la evolución normativa de las administraciones públicas. **¿A quién afecta?** Afecta directamente al personal que presta servicios en el Valedor do Pobo y en el Consello de Contas, tanto al que ya trabaja en ellos como al que pueda incorporarse en el futuro. También tiene implicaciones para los funcionarios procedentes de otras administraciones públicas gallegas que sean adscritos a la oficina del Valedor do Pobo. **¿Qué cambia o establece?** En el Consello de Contas, amplía las actividades remuneradas permitidas al personal —antes solo se admitía la docencia, ahora también se permiten actividades de creación literaria, artística, científica o técnica— y regula expresamente cómo se puede ofertar empleo público y seleccionar personal mediante oposición, concurso-oposición o concurso, garantizando los principios de igualdad, mérito y publicidad. En el Valedor do Pobo, reorganiza las reglas sobre su plantilla: la Mesa del Parlamento deberá aprobarla, el Valedor podrá designar hasta cinco personas asesoras de confianza, el resto del personal deberá ser funcionario de alguna administración pública, y quienes se incorporen por libre designación tendrán derecho a quedar en situación de servicios especiales en su administración de origen.
💬 Contexto ciudadano
La Ley 1/2023 gallega actualiza un marco normativo previo que regulaba de forma más restrictiva las condiciones laborales del personal en ambas instituciones. Mientras el régimen estatal de funcionarios públicos (Estatuto Básico) establece principios generales, cada comunidad autónoma adapta estas normas a sus instituciones de control y defensa. Galicia amplía ahora compatibilidades para el Consello de Contas (más allá de docencia) y sistematiza procedimientos de selección que otras CCAA ya tenían desarrollados. Esta modernización gallega responde a una tendencia general de profesionalización de las administraciones autonómicas, mejorando transparencia y meritocracia en instituciones cruciales para la fiscalización pública, lo que beneficia al ciudadano mediante órganos de control más ágiles y especializados.