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Decreto-ley 2/2023, de 17 de octubre, de medidas extraordinarias de carácter social.

BOE-A-2023-23887Publicada: 24/11/2023COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es un decreto-ley aprobado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en octubre de 2023 que adopta medidas extraordinarias en materia social para mejorar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública de Cataluña y para reducir la carga económica que soportan ellas y sus familias. **¿A quién afecta?** Afecta a dos grupos principalmente: por un lado, a las personas en situación de dependencia que necesitan una plaza en una residencia asistida y que, por falta de plazas públicas, deben recurrir a centros privados; por otro, a las personas con discapacidad intelectual o física que utilizan servicios de centro de día de atención especializada, ya sea de forma temporal o permanente. **¿Qué cambia o establece?** Por un lado, sube los importes mínimos y máximos de la prestación económica vinculada al servicio (PEV) residencial, una ayuda para costear plazas en residencias privadas que no se actualizaba desde 2012, mientras que el coste de estos servicios ha subido más de un 23 % desde entonces. Este aumento busca que más personas —especialmente las de menor renta— puedan acceder a una plaza residencial privada y reducir así la lista de espera de cerca de 12.500 personas. Por otro lado, elimina el copago de los servicios de centro de día especializados para personas con discapacidad intelectual o física, convirtiéndolos en gratuitos, dado que el importe que debían abonar resultaba especialmente gravoso para quienes además perciben el complemento por necesidad de tercera persona.

💬 Contexto ciudadano

La política social catalana ha sido históricamente más proactiva que la media española en materia de prestaciones y servicios a la ciudadanía. Este decreto-ley adopta dos medidas urgentes: actualiza el Precio de Estancia en Vivienda residencial, que no se había revisado desde 2012 acumulando un desfase del 23% respecto a los costes reales, y establece la gratuidad de los centros de día especializados para personas con discapacidad. Antes de esta norma, las familias con miembros en centros especializados asumían copagos significativos. Comparado con el modelo vasco, el más generoso de España en servicios sociales, o el estatal con insuficiente financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Cataluña avanza hacia la plena universalidad en servicios de atención a la discapacidad.

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