Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 12/2023, de 26 de diciembre, es la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2024. Es la norma que aprueba y organiza los ingresos y gastos que la Junta de Andalucía prevé recibir y realizar a lo largo del ejercicio económico de 2024, incluyendo a la administración general y a las entidades públicas que dependen de ella. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía andaluza, puesto que regula cómo se financian y gestionan los servicios públicos de la región: sanidad, educación, servicios sociales y otros. También afecta directamente a los empleados públicos de la Junta de Andalucía —funcionarios, personal laboral, eventual y directivo—, a las entidades locales del territorio andaluz, a las universidades públicas y a las empresas y fundaciones del sector público autonómico. **¿Qué cambia o establece?** La ley fija los créditos de gasto y las previsiones de ingreso para 2024, regula las retribuciones y la oferta de empleo público, establece las normas para gestionar y controlar el presupuesto, autoriza operaciones de endeudamiento y avales, actualiza determinadas tasas, y define cómo se transfieren recursos y competencias a las entidades locales. Además, incluye disposiciones específicas sobre acción social del personal, disciplina presupuestaria, justicia gratuita, tecnologías de la información y otras medidas de gestión administrativa para ese ejercicio.
💬 Contexto ciudadano
La Ley de Presupuesto de Andalucía para 2024, aprobada por el Gobierno del PP de Juan Manuel Moreno con mayoría absoluta, es el tercer presupuesto consecutivo aprobado —frente a los períodos de prórroga frecuentes en legislaturas anteriores—, reflejando la estabilidad política derivada de la mayoría absoluta obtenida en 2022. Andalucía, la CCAA más poblada de España con 8,5 millones de habitantes y el mayor presupuesto autonómico en términos absolutos tras Cataluña, tiene en la sanidad, la educación y los servicios sociales sus partidas de gasto principales. La política fiscal andaluza —con la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y las reducciones de IRPF— compite con la política fiscal madrileña en la atracción de contribuyentes de alta renta. El debate sobre el sistema de financiación autonómica —Andalucía reclama una revisión que reconozca mejor su peso poblacional— está presente en los documentos presupuestarios como constante institucional.