Ley 11/2023, de 27 de diciembre, de fomento del asociacionismo.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 11/2023, de 27 de diciembre, es una ley de la Generalitat de Catalunya que tiene por objeto fomentar el asociacionismo, entendido como el fenómeno por el que las personas se implican socialmente para buscar un fin común, con valores compartidos como la participación colectiva, la autoorganización, la gestión democrática y el compromiso con el bien común, sin ánimo de lucro. **¿A quién afecta?** Afecta a todas las personas y entidades que forman parte del tejido asociativo catalán: asociaciones de base, plataformas ciudadanas, grupos sociales con capacidad de autoorganización, y también entidades con otras formas jurídicas que comparten los principios asociativos, como fundaciones con fines de fortalecimiento comunitario y cooperativas sin ánimo de lucro. **¿Qué cambia o establece?** La ley responde a las conclusiones del 3.er Congreso Catalán del Asociacionismo y el Voluntariado (2016) y establece medidas concretas para fortalecer el sector: fomento del asesoramiento y acompañamiento por parte de las administraciones públicas, simplificación de la carga administrativa en el acceso a recursos públicos, mejora del trabajo en red entre entidades, mayor apoyo financiero a proyectos y estructuras administrativas —especialmente de entidades de segundo nivel— y mecanismos para mejorar la calidad de la acción asociativa e incrementar la participación ciudadana.
💬 Contexto ciudadano
El asociacionismo catalán es uno de los más densos de España, con más de 63.000 entidades registradas, y ha sido históricamente un factor de cohesión social y de articulación de la sociedad civil. La Ley 11/2023 de fomento del asociacionismo, impulsada por el 3º Congreso del Asociacionismo de 2016, establece el marco de apoyo de la Generalitat al tejido asociativo, con énfasis en la simplificación administrativa —reducción de cargas para el acceso a recursos públicos— y en el apoyo a entidades de segundo nivel (federaciones y coordinadoras). El marco legal del asociacionismo en España se rige por la LO 1/2002 de Derecho de Asociación, de carácter básico, que las CCAA desarrollan en sus respectivos ámbitos. La Ley catalana innova en el reconocimiento del valor económico de las entidades sin ánimo de lucro como parte de la economía social, concepto reforzado por la reciente Ley Estatal de Economía Social (Ley 31/2015). Cataluña tiene una tradición de legislación propia en economía social comparable a la del País Vasco.