Ley 12/2023, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la ley que aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2024, es decir, el documento que fija cuánto dinero público recauda y gasta el Gobierno balear durante ese año. Junto con la Ley de Finanzas autonómica, constituye el marco que regula toda la actividad económica y financiera de la comunidad autónoma. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos de las Illes Balears, así como a las empresas, entidades y administraciones que operen o se relacionen con el sector público autonómico. De forma más directa, incide en contribuyentes del IRPF, familias con necesidades de vivienda, pacientes del sistema sanitario, alumnos del sistema educativo y personas beneficiarias de servicios sociales. **¿Qué cambia o establece?** Los presupuestos fijan como prioridades la reducción de la carga fiscal (con una bajada de los tipos del IRPF autonómico, especialmente para rentas iguales o inferiores a 30.000 euros, y la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar), la mejora de la sanidad y la educación, y la adopción de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Además, se crean tres nuevas secciones presupuestarias para gestionar con mayor transparencia los fondos destinados al ciclo del agua, a la prevención y gestión de residuos, y al coste de la insularidad. Se crea también el Consejo Asesor Fiscal como canal de comunicación entre la administración tributaria y el sector privado.
💬 Contexto ciudadano
Las Illes Balears aprobaron sus Presupuestos 2024 bajo el Gobierno del PP de Marga Prohens, con un giro fiscal significativo respecto a los gobiernos anteriores: reducción de tipos del IRPF para rentas medias y práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el ámbito familiar, política análoga a la de Madrid y Andalucía bajo gobiernos del PP. Baleares tiene una economía con PIB per cápita de los más altos de España —impulsado por el turismo de alta gama—, pero con desigualdades internas elevadas y un problema severo de acceso a la vivienda, especialmente en Ibiza y Mallorca. La creación de tres nuevas secciones presupuestarias para el ciclo del agua, residuos e insularidad es una novedad estructural que formaliza el tratamiento diferenciado de estos costes específicos de una economía insular. El coste de la insularidad —reconocido en el TFUE como criterio de cohesión— tiene un tratamiento presupuestario explícito por primera vez en las cuentas baleares.