Decreto-ley 23/2025, de 23 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria y otras medidas.
¿Qué dice esta ley?
La Administración pública necesita seguir gastando dinero mientras no apruebe los nuevos presupuestos generales del Estado. Este decreto autoriza al Gobierno a continuar financiando servicios, empleados públicos y funcionamiento básico usando el presupuesto del año anterior, porque los presupuestos de 2025 aún no están aprobados. Afecta a cualquier ciudadano que dependa de servicios públicos: hospitales, colegios, pensionistas, funcionarios. También alcanza a empresas y autónomos que cotizan a la Seguridad Social o reciben ayudas públicas. La Administración también se ve obligada a mantener operativa sin poder hacer nuevos gastos importantes. Concretamente permite que ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos sigan pagando nóminas, medicinas, educación y servicios básicos sin interrupciones. Sin este decreto, la máquina estatal se pararía: no habría dinero ni para jubilados, ni para hospitales, ni para policía. También evita que empresas que venden a la Administración pierdan pagos pendientes. Entra en vigor desde el 24 de diciembre de 2025, justo cuando termina el presupuesto del 2024. Permanecerá activo hasta que se aprueben formalmente los
💬 Contexto ciudadano
La prórroga presupuestaria de la Generalitat de Cataluña obligó a este decreto-ley de diciembre de 2025 para habilitar determinadas operaciones financieras del sector público catalán que no podían efectuarse bajo el presupuesto prorrogado. Cataluña ha tenido frecuentes presupuestos prorrogados debido a la inestabilidad política, y sus necesidades financieras durante los períodos de prórroga son cubiertas mediante instrumentos similares a este decreto-ley. A diferencia del sistema francés, donde la Loi de finances rectificative cubre necesidades presupuestarias urgentes con mayor precisión técnica, el modelo catalán adapta la figura del decreto-ley autonómico. Para entidades del sector público catalán con compromisos de pago o inversiones programadas, el decreto habilita la cobertura jurídica y financiera necesaria para continuar sus actividades durante el período de prórroga.