Acuerdo entre la Corte Penal Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España para la provisión de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, hecho en La Haya el 15 de enero de 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo internacional firmado el 15 de enero de 2024 entre España (a través del Ministerio de Asuntos Exteriores) y la Corte Penal Internacional (CPI), por el que España se compromete a enviar jóvenes profesionales españoles a trabajar temporalmente en la CPI como funcionarios subalternos del cuadro orgánico (FSCO). El programa busca que estos jóvenes adquieran experiencia en un organismo internacional mientras prestan apoyo a funcionarios de mayor rango de la Corte. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a jóvenes graduados españoles con poca experiencia profesional que quieran trabajar en la CPI, así como al propio Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que actúa como país financiador y selector de candidatos. También puede afectar a jóvenes de países en desarrollo o con economías en transición si España decide patrocinarlos dentro del mismo programa. **¿Qué cambia o establece?** El acuerdo fija las reglas del programa: España busca candidatos cuando la CPI los solicita, pero es la CPI quien toma la decisión final de nombramiento. Los funcionarios seleccionados trabajan con contratos de duración determinada de hasta 12 meses, prorrogables hasta un máximo de 36 meses, en el nivel P-2, y deben actuar con plena independencia, sin aceptar instrucciones del Gobierno español ni de ningún otro. España corre con todos los gastos (sueldo, desplazamientos, prestaciones), depositando los fondos anticipadamente en una cuenta bancaria de la CPI, y la Corte rinde cuentas de los importes utilizados.
💬 Contexto ciudadano
El programa de funcionarios subalternos del cuadro orgánico (FSCO) de la Corte Penal Internacional permite a los Estados miembros del Estatuto de Roma —de cuya negociación España fue parte activa en 1998— contribuir a la capacidad operativa de la CPI financiando jóvenes juristas y profesionales en puestos P-2. El acuerdo España-CPI de 2024 formaliza la participación española en este programa, que tiene como objetivo también fortalecer la representación de nacionales de diferentes países en el personal de la CPI, donde los europeos occidentales están sobrerrepresentados históricamente. La condición de independencia plena de los funcionarios —sin aceptar instrucciones del Gobierno español— es esencial para la legitimidad de la CPI como tribunal internacional independiente. La CPI ha emitido órdenes de arresto que incluyen líderes de grandes potencias, lo que convierte el apoyo diplomático de los Estados —expresado también a través de estos programas— en un indicador político relevante.