Ley 21/2023, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la ley que aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2024, aprobada por el Parlamento Vasco el 22 de diciembre de 2023. Fija cuánto dinero puede gastar y cuánto prevé ingresar el Gobierno vasco y sus organismos durante ese ejercicio. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía de Euskadi, ya que regula los recursos públicos de toda la administración autonómica: el Gobierno, el Parlamento Vasco, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la Agencia Vasca de Protección de Datos, los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado como Osakidetza, Lanbide o Radio Televisión Vasca. **¿Qué cambia o establece?** Fija el gasto total de la Administración general en 15.025.441.000 euros en créditos de pago, con unos ingresos previstos por el mismo importe. Además, asigna dotaciones concretas a cada organismo dependiente: por ejemplo, 1.161.711.000 euros a Lanbide para empleo, 3.938.441.764 euros a Osakidetza para sanidad, o 385.527.272 euros a la Universidad del País Vasco. También autoriza compromisos de gasto que se extenderán a ejercicios posteriores a 2024, detallados en los anexos de la ley.
💬 Contexto ciudadano
Los Presupuestos Generales de Euskadi para 2024 —los más elevados de la historia de la CAPV, con más de 15.000 millones de euros en créditos de pago— se aprobaron en el contexto de las últimas elecciones autonómicas previstas para 2024 y las negociaciones sobre el reparto del cupo. El Gobierno Vasco de coalición PNV-PSE mantuvo las prioridades de inversión en Osakidetza —con 3.938 millones— y en Lanbide —el servicio vasco de empleo, con 1.161 millones—. La estructura presupuestaria vasca es singular en España: el Gobierno Vasco recauda directamente sus tributos propios a través de las Haciendas Forales de los tres territorios históricos y transfiere al Estado el cupo (Aportación al Estado) por los servicios no asumidos, invirtiendo el flujo financiero ordinario autonómico. Esta autonomía financiera permite presupuestos más estables y menos expuestos a la ciclicidad del sistema de financiación autonómica de régimen común.