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Decreto-ley 8/2023, de 6 de noviembre, por el que se modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.

BOE-A-2024-4427Publicada: 07/03/2024COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

¿Qué dice esta ley?

**¿Qué es?** Es un Decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias el 6 de noviembre de 2023 que modifica la Ley 11/1997 sobre regulación del sector eléctrico canario. Una norma dictada en caso de urgencia extraordinaria para actualizar y armonizar las reglas que rigen la electricidad en Canarias. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los ciudadanos canarios y autoridades de Canarias, que deben cumplir y hacer cumplir esta norma. También afecta a las empresas y entidades del sector eléctrico en Canarias, especialmente a los procedimientos sancionadores que pueden recibir por infracciones. **¿Qué cambia o establece?** Establece plazos máximos para resolver sanciones por infracciones eléctricas: 18 meses para infracciones graves y muy graves, y 9 meses para leves. Reordena las competencias sancionadoras para que otros órganos distintos del Gobierno de Canarias puedan aplicar sanciones. Moderniza una ley que no había sido actualizada desde 1997, alineándola con la normativa estatal sobre sector eléctrico.

💬 Contexto ciudadano

El sistema eléctrico de Canarias es un sistema no peninsular (SNP) con características singulares: aislamiento total, dependencia histórica del combustible importado y costes de generación estructuralmente superiores a la Península. La Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario, aprobada en la era de los monopolios eléctricos, requería actualización urgente para adaptarse a la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico estatal y al proceso de transición energética acelerado en las islas. El DL 8/2023 moderniza los plazos y competencias sancionadoras, un ajuste técnico necesario ante el multiplicador de infracciones que genera la proliferación de instalaciones renovables. Canarias tiene el objetivo de alcanzar el 100% de energías renovables en 2040 —adelantando el objetivo estatal—, lo que hace imprescindible un régimen sancionador eléctrico ágil y eficaz para garantizar la calidad y seguridad del suministro durante la transición.

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