Orden ITU/153/2026, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden ICT/654/2022, de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude del Ministerio de Industria y Turismo y se determinan su composición y funciones.
¿Qué dice esta ley?
**Refuerzo contra el fraude en industria y turismo** El ministerio actualiza cómo funciona su comité encargado de detectar y combatir el fraude en ayudas, licencias y contratos relacionados con la industria y turismo. Básicamente, ajusta quién forma parte del equipo y qué pueden hacer exactamente para investigar irregularidades. **A empresas, autónomos y administración pública** Afecta a cualquiera que solicite fondos o licencias en estos sectores, a funcionarios que tramiten expedientes, y a inspectores que revisen casos sospechosos. Si trabajas en industria o turismo y recibes subvenciones o autorizaciones administrativas, esta orden define cómo se te vigilará por posibles incumplimientos. **Cambios concretos** Varían los miembros del comité (probablemente se añaden o sustituyen representantes de organismos), sus competencias para solicitar información a empresas y organismos, y los plazos para resolver investigaciones. El objetivo es que las pesquisas sean más ágiles y eficaces, reduciendo el tiempo que tarda identificar casos de corrupción o malversación de fondos públicos. **Entra en vigor el 21 de febrero de 2026** Desde ese día, el comité opera bajo estas nuevas reglas. Si tienes una solicitud pendiente o una inspección en curso, ten en cuenta que
💬 Contexto ciudadano
Los comités antifraude ministeriales son un requisito de la regulación europea de fondos estructurales y de recuperación (NGEU), que obliga a los estados miembros a establecer sistemas de prevención, detección y corrección del fraude en la gestión de fondos. El Ministerio de Industria y Turismo gestiona miles de millones de euros en ayudas industriales y programas de innovación, lo que hace especialmente relevante contar con mecanismos antifraude robustos. Esta orden actualiza la composición y funciones del comité, probablemente incorporando las recomendaciones de la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) y de las auditorías del Tribunal de Cuentas. Para empresas que reciben subvenciones del ministerio, el refuerzo antifraude aumenta los requisitos de documentación y puede intensificar los controles ex post de las ayudas recibidas.