Conflicto entre órganos constitucionales n.º 8992-2025, en relación con el incumplimiento del deber constitucional del Gobierno de presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que viene haciéndose de las prórrogas presupuestarias durante los años 2024, 2025 y, en su caso, 2026, sin que sean aprobados nuevos presupuestos.
¿Qué dice esta ley?
**Qué está pasando** El Gobierno no ha presentado los presupuestos generales del Estado (el documento que dice cuánto dinero gasta cada ministerio y en qué lo gasta) para 2024, 2025 ni 2026. Mientras tanto, sigue funcionando con presupuestos prorrogados, es decir, aplicando el dinero con las reglas del año anterior una y otra vez. **A quién le importa** A todos. Los ciudadanos, autónomos y empresas dependen de que esos presupuestos definan inversiones en sanidad, educación, infraestructuras, ayudas sociales. La administración pública también, porque necesita claridad sobre cuánto puede gastar. Y el Parlamento, que es quien debería aprobar esos presupuestos. **Qué está en disputa** Se cuestiona si el Gobierno está incumpliendo su obligación constitucional al no presentar presupuestos nuevos y al seguir gastando dinero bajo las reglas antiguas (prórroga presupuestaria). Esto bloquea nuevas políticas, inversiones o cambios en prioridades de gasto que requieran presupuestos actualizados. **Dónde se decide** Este conflicto lo resuelve el tribunal constitucional, que arbitrará si el Gobierno actúa dentro de sus límites o viola sus deberes. La resolución podría obligar a present
💬 Contexto ciudadano
La obligación constitucional del Gobierno de presentar los Presupuestos Generales del Estado anualmente es uno de los pilares del control parlamentario del ejecutivo. La prórroga presupuestaria continuada desde 2024 hasta 2026 sin presentación de nuevos presupuestos es una situación excepcional en la historia democrática española, comparable a la que se dio entre 2016 y 2018. El conflicto ante el Tribunal Constitucional, planteado por la oposición o por el Senado, busca que el TC declare inconstitucional esta inacción del Gobierno y obligue a presentar las cuentas. En Alemania o Francia, la falta de presentación de presupuestos activa mecanismos automáticos de paralización del gasto no ordinario; el sistema español es menos restrictivo, lo que permite la prórroga prolongada. La resolución del TC establecerá si existe sanción constitucional a este incumplimiento.