Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 2/2024, de 15 de febrero, de Infancia y Adolescencia es una ley aprobada por el Parlamento Vasco que adapta el ordenamiento jurídico del País Vasco a los marcos internacional y europeo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Su referente principal es la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, ratificada por España en 1990, junto con otros tratados y convenios internacionales y europeos relacionados. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Euskadi, incluidos aquellos con discapacidad, a quienes la ley reconoce expresamente como titulares plenos de derechos en igualdad de condiciones. También afecta a sus familias, a la comunidad en general y a todas las instituciones y administraciones públicas vascas que desarrollen políticas, medidas o actuaciones dirigidas a este colectivo. **¿Qué cambia o establece?** La ley cambia la forma en que se concibe jurídicamente a los menores: ya no son vistos únicamente como personas que necesitan protección, sino como sujetos activos con derechos propios, incluido el derecho a participar en los asuntos que les afectan y en la construcción de las políticas públicas. Establece además que el interés superior del niño o la niña debe ser una consideración primordial en todas las actuaciones que les conciernan, y que los menores con discapacidad tienen derecho a expresar su opinión libremente y a recibir la asistencia adecuada para ejercer ese derecho.
💬 Contexto ciudadano
La Ley vasca de Infancia y Adolescencia de 2024 adapta el ordenamiento autonómico a la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia (LOPIVI) y al Convenio de Lanzarote. Su principal aportación conceptual es el tránsito del modelo de protección paternalista al de sujeto activo de derechos, siguiendo la doctrina del Tribunal de Derechos del Niño de la ONU y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. En comparación con otras legislaciones autonómicas de infancia —Cataluña, Andalucía, Galicia—, la norma vasca es de las más avanzadas en la integración de los derechos de menores con discapacidad y en el reconocimiento explícito de su capacidad de participación en políticas públicas.