Ley 1/2024, de 15 de febrero, de derogación de la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 1/2024, de 15 de febrero, es una ley aprobada por las Cortes de Aragón que deroga por completo la Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón. Su justificación es que esa ley anterior imponía un relato histórico oficial parcial, lo que el legislador considera incompatible con la libertad de pensamiento, expresión e investigación reconocidas en la Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. **¿A quién afecta?** Afecta a toda la ciudadanía aragonesa, y en particular a las asociaciones, investigadores y familias que trabajaban al amparo de la ley derogada, así como a los departamentos de la Administración del Gobierno de Aragón que gestionaban los instrumentos creados por aquella norma. También afecta a las entidades que recibían subvenciones o participaban en convenios de colaboración vinculados a dicha ley. **¿Qué cambia o establece?** Se suprimen todos los órganos, registros y herramientas creados por la ley derogada: la Comisión Técnica de Memoria Democrática, el Censo y el Inventario de lugares, el Centro de Investigación, el Registro de entidades, el portal web institucional y las actuaciones educativas específicas en esta materia. Las bases de datos genéticas se transferirán, con consentimiento de los interesados, al Banco estatal de ADN de Víctimas. Las subvenciones ya concedidas deben justificarse conforme a sus convocatorias. La ley aclara que su derogación no impide que las administraciones sigan ayudando a ciudadanos y asociaciones a buscar, exhumar y honrar a víctimas de la guerra o la represión, con independencia del bando al que pertenecieran.
💬 Contexto ciudadano
La derogación de la Ley 14/2018 de memoria democrática de Aragón por el gobierno del PP-Vox elegido en mayo de 2023 sigue el patrón aplicado también en Castilla y León, y contrasta con el refuerzo de la memoria histórica a nivel estatal mediante la Ley 20/2022. El debate sobre la constitucionalidad de estas derogaciones está abierto: el Tribunal Constitucional avaló la ley estatal pero no se ha pronunciado sobre la compatibilidad entre legislación autonómica de memoria y la norma básica estatal. La ley garantiza que las familias puedan seguir accediendo a ayudas para búsqueda de víctimas, lo que trata de mitigar las críticas de las asociaciones memorialistas.