Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que modifica la normativa de 2016 sobre identidad y expresión de género en la Comunidad de Madrid. Busca corregir problemas con la ley anterior que afectaban la libertad de expresión, la presunción de inocencia y otros derechos constitucionales, mientras mantiene la protección para personas transexuales e intersexuales. También adapta la normativa regional a una nueva ley estatal aprobada en 2023. **¿A quién afecta?** Principalmente a personas transexuales e intersexuales que residen en Madrid, que acceden a servicios médicos de cambio de sexo a través de la sanidad pública. También protege los derechos de las mujeres en espacios como el trabajo, deporte y educación. Afecta a profesionales médicos, educadores y personal sanitario cuya labor quedaba criminalized bajo la ley anterior. **¿Qué cambia o establece?** Elimina reglas de la ley anterior que invertían la carga de la prueba en denuncias y permitían sanciones por "discriminación por error". Deroga el sistema regional de autodeterminación de género en documentos oficiales para evitar conflictos con el sistema nacional. Cambia el nombre de la unidad médica de "Trastornos de la Identidad de Género" a "Intersexualidad y Transexualidad", dejando de tratar estas condiciones como enfermedades en la descripción oficial.
💬 Contexto ciudadano
La Comunidad de Madrid modificó su ley de identidad de género de 2016 para adaptarla a la Ley estatal trans (4/2023) y para corregir elementos que consideraba vulneradores de derechos constitucionales como la presunción de inocencia. La eliminación de la inversión de la carga de la prueba en denuncias por discriminación fue el aspecto más controvertido. El cambio de nombre de la unidad médica sigue las recomendaciones de la OMS que despatologizó la transexualidad en la CIE-11 (2019). La norma es objeto del recurso de inconstitucionalidad 4925-2024 presentado por el Gobierno central, que considera que invade las competencias estatales. La importancia es que refleja el conflicto político-jurídico entre el modelo de regulación de la identidad de género adoptado por el Gobierno central (auto-determinación sin requisitos médicos) y el modelo de la Comunidad de Madrid (con requisitos adicionales de acompañamiento y evaluación), ambos con pretensión de aplicarse a los mismos ciudadanos.