Auto de 17 de abril de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictado en pieza de ejecución, en el recurso contencioso-administrativo número 1/633/2017, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre y contra la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un fallo del Tribunal Supremo del 17 de abril de 2024 que decide cómo debe cumplirse una sentencia anterior. La decisión trata sobre dinero que el grupo Iberdrola reclama a la Administración pública por su participación en el programa del bono social eléctrico, que ayuda a familias con dificultades económicas a pagar la electricidad. **¿A quién afecta?** Afecta a Iberdrola y sus empresas relacionadas: Iberdrola Clientes, Iberdrola España y Curenergía. Estas empresas fueron las que gestionaron y financiaron parte del bono social, y ahora tienen derecho a que la Administración les reembolse el dinero que invirtieron en esta tarea. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal ordena que la Administración pague a Iberdrola 183,4 millones de euros por dinero que la empresa financió para el bono social, más los intereses que hayan acumulado. También ordena pagar a Curenergía 17,8 millones de euros (descontando lo ya recibido) por los gastos de crear y gestionar el sistema del bono social, también con intereses legales. El fallo anula parcialmente una decisión anterior del ministerio que negaba estos pagos.
💬 Contexto ciudadano
El auto del Tribunal Supremo que ordena pagar a Iberdrola 183,4 millones de euros y a Curenergía 17,8 millones por su financiación del bono social eléctrico sigue la misma línea de los autos sobre EDP España. El bono social protege a más de 1,7 millones de consumidores vulnerables y su coste de financiación ha generado el litigio más costoso de la historia del sector eléctrico español. La Administración fue vencida en múltiples recursos presentados por diversas comercializadoras, lo que implica pagos acumulados por cientos de millones de euros más intereses. La importancia sistémica es que el modelo de financiación del bono social sigue siendo litigioso, lo que genera incertidumbre jurídica y financiera para las comercializadoras y, en última instancia, para los propios consumidores vulnerables que dependen de la continuidad del sistema de protección social de la energía.