Adenda de prórroga del Acuerdo Internacional Administrativo entre el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y el Consell Superior de Justicia del Principado de Andorra, hecho en Madrid el 23 y 24 de abril de 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un acuerdo que renueva y amplía la colaboración entre los órganos de gobierno de los tribunales de España (Consejo General del Poder Judicial) y de Andorra (Consell Superior de Justicia). Fue firmado el 23 y 24 de abril de 2024 en Madrid y prorroga un acuerdo previo que existía desde 2015. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a los jueces y magistrados españoles que trabajan en Andorra y a los jueces y magistrados andorranos. También afecta a las instituciones de justicia de ambos países, que deben facilitar la colaboración y el intercambio de información. No afecta económicamente a ninguna de las partes. **¿Qué cambia o establece?** Prorroga el acuerdo por tres años más. Establece que ambas instituciones compartirán información jurisprudencial y documentación mediante acceso a sus respectivas bases de datos: España proporciona acceso al Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y Andorra proporciona acceso equivalente a sus fondos. Las partes se comprometen a mantener esta colaboración en formación, inspección, estadística e intercambio de publicaciones sobre derecho.
💬 Contexto ciudadano
El acuerdo de cooperación entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consell Superior de Justicia de Andorra existe desde 2015 y permite el intercambio de jurisprudencia e información documental. Andorra, aunque no es miembro de la UE, aplica parcialmente el derecho español en materias como la función pública y tiene una tradición jurídica con fuerte influencia del derecho civil catalán y aragonés. El acceso de los jueces andorranos al CENDOJ (base de datos jurisprudencial del CGPJ) es especialmente valioso para un sistema judicial pequeño. La prórroga por tres años refleja el carácter estable y mutuamente beneficioso de esta cooperación, que facilita la coherencia jurisprudencial entre ambos sistemas jurídicos y la formación de los jueces andorranos en estándares comparables a los europeos, en un principado cuyo sistema judicial está sufriendo reformas de modernización con asistencia técnica española.