Ley 8/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del sector eléctrico canario.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una ley canaria aprobada el 27 de diciembre de 2023 que modifica la ley de 1997 que regula cómo funciona el sector de la electricidad en Canarias. Su objetivo principal es actualizar esa regulación antigua, porque desde 1997 el sector eléctrico ha cambiado mucho, y también armonizarla con las normas del Estado, especialmente en lo relativo a los procedimientos y sanciones administrativas. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas que generan, transportan, distribuyen y comercializan energía eléctrica en Canarias, así como a los profesionales del sector. También afecta a los procedimientos sancionadores que aplica la administración canaria cuando estas empresas cometen infracciones en sus actividades eléctricas. **¿Qué cambia o establece?** La ley establece plazos máximos para que la administración resuelva y comunique las sanciones: dieciocho meses para infracciones muy graves y graves, y nueve meses para infracciones leves. Antes no había plazo específico en la ley canaria y se aplicaba el plazo general de tres meses, lo que hacía imposible tramitar bien estos procedimientos. También ordena reorganizar quién puede imponer estas sanciones, de modo que no recaiga necesariamente solo en el Gobierno de Canarias, sino en otros órganos administrativos.
💬 Contexto ciudadano
El sector eléctrico canario opera en condiciones singulares respecto a la Península: cada isla es un sistema eléctrico aislado, con alta dependencia de combustibles fósiles importados y energías renovables limitadas por la orografía insular. La regulación sectorial canaria debe armonizarse con la normativa estatal (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico) pero conservando las especificidades insulares. La fijación de plazos máximos para los procedimientos sancionadores (18 meses para graves y muy graves, 9 para leves) sigue la doctrina del Tribunal Supremo sobre el derecho a la resolución de los expedientes sancionadores en plazo razonable. La importancia es que sin plazos específicos la administración canaria no podía tramitar eficazmente expedientes complejos contra grandes operadoras del sector, lo que generaba impunidad de facto ante infracciones graves en un mercado eléctrico con escasa competencia por el carácter aislado de cada sistema insular.