Orden PJC/439/2024, de 10 de mayo, por la que se crean y regulan Juntas de Contratación y Mesas de Contratación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una orden ministerial que crea órganos encargados de gestionar los procesos de contratación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Estos órganos son las Juntas de Contratación y las Mesas de Contratación, que actúan como intermediarios en los procedimientos de compra de obras, servicios y suministros del Ministerio. **¿A quién afecta?** Afecta al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en su conjunto, a la Secretaría de Estado de Justicia dentro de ese Ministerio, y a la Abogacía General del Estado. Impacta directamente en todos los procedimientos de contratación que estos organismos realicen y en cómo esos procedimientos serán evaluados y tramitados. **¿Qué cambia o establece?** Crea cinco órganos nuevos: una Junta de Contratación y una Mesa de Contratación del Ministerio; una Junta de Contratación y una Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia; y una Mesa de Contratación de la Abogacía General del Estado. Estos órganos reemplazan a los que existían en los dos ministerios que fueron fusionados en 2023 y definen cómo se evaluarán y aprobarán los contratos públicos en cada nivel.
💬 Contexto ciudadano
La creación de cinco órganos de contratación en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (resultado de la fusión del antiguo Ministerio de Justicia con el de la Presidencia en 2023) responde a las exigencias de la LCSP. La diferenciación entre los órganos del ministerio propiamente dicho, la Secretaría de Estado de Justicia y la Abogacía General del Estado refleja la autonomía funcional de cada unidad en la gestión de sus contratos. La importancia para los licitadores es que conocer con precisión qué órgano gestiona cada tipo de contratación es condición necesaria para presentar correctamente las ofertas y dirigir los recursos administrativos contra las resoluciones de adjudicación. La Abogacía General del Estado gestiona el mayor volumen de contratos de servicios jurídicos de la Administración, lo que hace especialmente relevante la claridad sobre su órgano de contratación.