Ley 2/2024, de 11 de abril, de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Una ley que crea el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Illes Balears. Se trata de un órgano dependiente del Parlamento que gestiona y controla las declaraciones de patrimonio (bienes, dinero, propiedades) y actividades que presentan los cargos públicos. Funciona como un sistema centralizado para registrar y organizar esta información. **¿A quién afecta?** Afecta a todos los cargos públicos de las Illes Balears: miembros del Gobierno, altos cargos, y otros empleados públicos que la ley determine. También afecta a los ciudadanos, que podrán acceder a la información que sea pública según la normativa. El Parlamento tendrá competencias sobre este registro. **¿Qué cambia o establece?** Establece la obligación de que los cargos públicos declaren su patrimonio y actividades. Crea un procedimiento para investigar si hay aumentos de patrimonio que no se justifiquen. Deroga la anterior Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (Ley 16/2016) para evitar duplicidades y hacer la administración más eficiente. Distingue entre información confidencial (protegida) e información pública (accesible), y cada institución decide qué datos mostrar según su normativa específica.
💬 Contexto ciudadano
La Ley de Transparencia balear de 2024 sustituye la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción (OPIB) de 2016 por un nuevo Registro de Transparencia adscrito al Parlamento. El modelo de registro parlamentario de patrimonio de cargos públicos es análogo al Registro de Intereses del Congreso de los Diputados y al de otros parlamentos europeos como el Bundestag alemán o el Parlamento escocés. La distinción entre información confidencial e información pública garantiza tanto la transparencia necesaria para el control democrático como la protección de datos personales de los cargos. La importancia es que un registro parlamentario independiente del poder ejecutivo ofrece mayores garantías de imparcialidad y efectividad en el control patrimonial de los cargos públicos, especialmente de aquellos que dependen del Gobierno que debería controlarlos en la lógica de la accountability pública.