Sentencia de 31 de enero de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 911/2022 contra el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General de Costas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es la publicación oficial de la sentencia dictada el 31 de enero de 2024 por el Tribunal Supremo, en la que se resuelve un recurso judicial interpuesto contra un reglamento del Gobierno sobre costas. Su publicación en el BOE le da eficacia frente a todos. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a los propietarios y ciudadanos afectados por el deslinde de costas en Formentera, que fueron quienes impugnaron la norma, pero también a cualquier persona cuyos derechos o situaciones estuvieran amparados o regulados por el Real Decreto 668/2022. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo anula por completo el Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, que modificaba el Reglamento General de Costas, por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico. Esto significa que dicha modificación deja de tener validez como si nunca hubiera existido, y además condena a la Administración General del Estado al pago de las costas del proceso judicial.
💬 Contexto ciudadano
La anulación del Real Decreto 668/2022 que modificaba el Reglamento General de Costas representa una victoria judicial de los propietarios afectados por el deslinde en Formentera (Illes Balears). La Ley de Costas (22/1988) y su Reglamento han sido fuente de litigiosidad crónica en España, especialmente en zonas costeras de alto valor inmobiliario como Baleares, Canarias o la Costa Brava. La sentencia del Tribunal Supremo declara nulo el Decreto por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico en su conjunto, con condena en costas a la Administración. Su importancia va más allá del caso concreto: cualquier reforma del Reglamento de Costas que afecte a deslindes ya resueltos o en tramitación deberá superar un escrutinio judicial intenso que controle la conformidad con la Ley de Costas y la seguridad jurídica de los propietarios afectados.