Sentencia de 9 de abril de 2024, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 678/2022 contra el Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, que modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una sentencia del Tribunal Supremo, de 9 de abril de 2024, que resuelve un recurso judicial interpuesto por varios Colegios de Procuradores de España contra un Real Decreto del Gobierno. El fallo estima el recurso y anula dicho Real Decreto por ser contrario a Derecho. **¿A quién afecta?** Afecta directamente a los procuradores de los tribunales, que son los profesionales jurídicos encargados de representar a las partes ante los juzgados, y a sus colegios profesionales. También puede afectar a los ciudadanos que litigan, ya que los honorarios de estos profesionales se rigen por un arancel regulado por el Estado. **¿Qué cambia o establece?** El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 307/2022, que había modificado el arancel de derechos —es decir, la tabla de honorarios— de los procuradores aprobado en 2003. Al quedar anulado ese Real Decreto, las modificaciones que introducía dejan de tener efecto y se ordena publicar este fallo en el Boletín Oficial del Estado. Las costas del proceso se imponen a la Administración demandada, esto es, al Estado.
💬 Contexto ciudadano
El Tribunal Supremo anula el Real Decreto 307/2022 que modificaba el arancel de los procuradores, imponiendo costas a la Administración. Esta sentencia es relevante porque genera un vacío regulatorio que obliga a retomar la aplicación del arancel anterior hasta que entre en vigor el nuevo RD 434/2024. Los Colegios de Procuradores argumentaron que la modificación arancelaria de 2022 no respetó el procedimiento de consulta ni el equilibrio entre los derechos de los profesionales y los costes para los justiciables. La anulación refleja la tensión estructural en la regulación de las profesiones jurídicas entre el interés de los colegios profesionales en mantener aranceles que garanticen la viabilidad económica del servicio y el interés público en reducir los costes de acceso a la justicia, tensión que la reforma del Real Decreto 434/2024 intenta resolver con un procedimiento más sólido y participado.