Ley 1/2026, de 4 de febrero, de modificación del texto único de la Ley de la función pública de la Administración de la Generalitat de Catalunya aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997.
¿Qué dice esta ley?
**La Administración de Cataluña actualiza las reglas para sus empleados públicos** El Parlamento de Cataluña ha reformado las normas que rigen la vida laboral de los funcionarios (personas contratadas permanentemente por la administración pública). Esta modificación toca aspectos clave como derechos, deberes, selección de personal y condiciones de trabajo dentro de la Administración catalana. **Afecta principalmente a funcionarios de la Generalitat de Catalunya** —desde maestros y médicos hasta administrativos en oficinas públicas— y a quienes aspiren a trabajar en la administración regional. También impacta indirectamente a los ciudadanos, porque esta ley condiciona cómo se presta el servicio público (sanidad, educación, tramitación de expedientes, etc.). La reforma moderniza el marco de 1997, probablemente adaptándolo a cambios en el mercado laboral, derechos digitales, nuevas formas de trabajo o exigencias de transparencia. Aunque el documento no especifica qué cambios concretos introduce, suelen afectar temas como teletrabajo, conciliación laboral, procesos de selección más ágiles o actualización de derechos. **Entra en vigor el 4 de febrero de 2026**. Los funcionarios actuales y futuros deberán conocer estas nuevas reglas, que sustituyen o complementan lo establecido hace casi 30 años.
💬 Contexto ciudadano
La función pública de la Generalitat de Cataluña se rige por un Decreto Legislativo de 1997, el texto refundido de una legislación de los años ochenta, lo que hacía necesaria una actualización tras el EBEP estatal de 2007 y la Ley del Empleo Público catalán de los últimos años. Esta reforma de 2026 moderniza aspectos clave como la selección de personal, la evaluación del desempeño, la movilidad interna y el teletrabajo. Cataluña ha sido pionera en la introducción del teletrabajo en la función pública autonómica durante la pandemia; esta ley consolida esa experiencia. Para los más de 150.000 empleados públicos de la Generalitat, los cambios en selección y carrera profesional son especialmente relevantes, así como los nuevos instrumentos de movilidad y conciliación laboral.