Corrección de errores de la Ley 9/2022, de 21 de diciembre, de la ciencia.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una corrección de erratas de la Ley de la Ciencia de Cataluña (Ley 9/2022), aprobada en diciembre de 2022 y publicada en enero de 2023. No introduce cambios de fondo en la ley, sino que subsana errores materiales —letras, números y nombres— que quedaron mal escritos en el texto original publicado oficialmente. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente al personal investigador de las universidades públicas catalanas que trabaja en centros de investigación mediante convenios de adscripción, así como a las instituciones y organismos del sistema de investigación, desarrollo e innovación de Cataluña. También concierne a la Fundación para la Universitat Oberta de Catalunya. **¿Qué cambia o establece?** Se corrigen cuatro errores concretos: se añade la letra «p)» que faltaba en un apartado del artículo 2; se elimina el número «1.» que sobraba en el artículo 5; en el artículo 27 se sustituye el nombre «Fundación Institución de los Centros de Investigación de Cataluña» por el correcto «Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados»; y en la disposición adicional decimoquinta se corrige la referencia al artículo 52, que debe ser el artículo 54. Todos son ajustes de forma para que el texto legal refleje con exactitud lo que se quiso decir.
💬 Contexto ciudadano
Las correcciones de errores en leyes autonómicas de ciencia son poco frecuentes por la madurez técnica habitual de estos textos, pero la Ley 9/2022 de la Ciencia de Cataluña fue la primera ley autonómica integral de ciencia, lo que explica que haya requerido subsanaciones. Los errores corregidos incluyen la sustitución del nombre de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) por su denominación correcta en lugar de una denominación errónea que podría haber generado confusión sobre el ámbito de aplicación de determinados preceptos. La importancia de estas correcciones es asegurar que el texto legal aplicable refleja la voluntad del legislador sin ambigüedades que puedan ser aprovechadas en vía interpretativa o litigiosa, especialmente en una ley que regula relaciones laborales de investigadores con derechos subjetivos directamente aplicables.