Ley 5/2024, de 9 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2024.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 5/2024, de 9 de mayo, es la ley de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2024. Establece el plan de ingresos y gastos con el que el Gobierno autonómico financiará todos sus servicios y políticas durante ese ejercicio, con un límite máximo de gasto no financiero fijado en 12.993,64 millones de euros. **¿A quién afecta?** Afecta al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León, así como a todos los organismos y entidades que forman parte del sector público autonómico: la Administración General, organismos autónomos como la Gerencia Regional de Salud o el Servicio Público de Empleo, entes públicos, empresas y fundaciones públicas de la Comunidad. También afecta a las entidades locales, con las que se regula la cooperación económica. **¿Qué cambia o establece?** La ley aprueba los estados de ingresos y gastos para 2024, respetando los objetivos de déficit del 0,1% del PIB regional y de deuda pública del 21,7% del PIB fijados por el Gobierno central. Regula además materias como los incrementos retributivos del personal público —supeditados a lo que fije el Estado—, las modificaciones de créditos, las operaciones financieras y de endeudamiento, las obligaciones de rendición de cuentas de las empresas y fundaciones públicas, y determinadas cuestiones tributarias. Todo ello bajo un criterio declarado de prudencia presupuestaria y mantenimiento de la calidad de los servicios públicos.
💬 Contexto ciudadano
Los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2024 (12.993,64 millones de euros de techo no financiero) se aprueban en el marco de las reglas fiscales comunitarias, reformadas en 2024 mediante el nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El objetivo de déficit del 0,1% y de deuda del 21,7% del PIB regional respeta los compromisos del Plan de Estabilidad remitido a Bruselas. Castilla y León es la CCAA española con mayor extensión territorial y una de las que padece mayor despoblación, lo que condiciona el gasto en servicios básicos per cápita. La importancia presupuestaria radica en la financiación de la sanidad y los servicios sociales en un territorio con alta dispersión poblacional y envejecimiento acelerado, donde el coste por usuario de los servicios públicos es estructuralmente superior a la media española.