Ley 3/2024, de 13 de junio, de modificación del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** La Ley 3/2024, de 13 de junio, modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para actualizar las normas sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Su objetivo es adaptar la legislación aragonesa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York en 2006, siguiendo también la línea de la reforma estatal de 2021. **¿A quién afecta?** Afecta principalmente a las personas mayores de edad con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial que residen en Aragón, así como a sus familias y a quienes ejercen funciones de apoyo o representación. También afecta a jueces, notarios, fiscales y demás operadores jurídicos que intervienen en estos procedimientos, y de forma indirecta a los menores sujetos a tutela. **¿Qué cambia o establece?** La ley elimina por completo los conceptos de "incapacitación" e "incapacitado": todas las personas recuperan legalmente su plena capacidad jurídica. En lugar de incapacitar a alguien, ahora se le ofrecen medidas de apoyo adaptadas a su situación concreta, desde la guarda de hecho —que no necesita autorización judicial— hasta la curatela, que puede ser más o menos amplia según las necesidades. La tutela queda reservada únicamente para menores de edad no emancipados, y desaparece la prórroga de la patria potestad para hijos con discapacidad, sustituida por una curatela ejercida por los progenitores con un régimen más flexible.
💬 Contexto ciudadano
La reforma del derecho aragonés sobre capacidad jurídica se enmarca en la transición global iniciada por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), que España ratificó en 2008. La reforma estatal del Código Civil (Ley 8/2021) ya eliminó el concepto de incapacitación en el derecho común; Aragón adapta ahora su derecho foral propio al mismo paradigma. El derecho civil foral aragonés regula materias como la tutela y la curatela de forma autónoma, lo que requería una norma propia para no aplicar supletoriamente el Código Civil en aspectos ya reformados. La importancia es que reconoce la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad en Aragón, sustituyendo la sustitución de voluntad por el apoyo a la toma de decisiones, en línea con el modelo de los países nórdicos y el estándar internacional de derechos humanos.