Decreto-ley 1/2024, de 22 de marzo, por el cual se regulan determinados aspectos de la actividad sanitaria urgente y emergente en las Illes Balears.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es un decreto-ley aprobado el 22 de marzo de 2024 por el Gobierno de las Illes Balears. Al ser un decreto-ley, tiene fuerza de ley pero se dicta de forma urgente sin pasar por el trámite parlamentario ordinario. Su objetivo es regular cómo se organizan y prestan los servicios de atención sanitaria urgente y de emergencias en las islas. **¿A quién afecta?** Afecta a cualquier persona que pueda necesitar atención sanitaria urgente en las Illes Balears: residentes (españoles y extranjeros), turistas nacionales e internacionales que visiten las islas, y también a las entidades públicas y privadas del sector sanitario que operan en el archipiélago. En definitiva, afecta tanto a los usuarios del sistema de salud como a los proveedores de esos servicios. **¿Qué cambia o establece?** La norma responde a la presión que sufren las urgencias públicas por dos motivos acumulados: la recuperación pendiente tras la pandemia de COVID-19 y el enorme aumento de población que trae el turismo en determinadas épocas del año. Para hacer frente a esa sobrecarga, el decreto-ley habilita al Servicio de Salud de las Illes Balears a firmar acuerdos y convenios de gestión compartida con otras entidades, tanto públicas como privadas, con el fin de descongestionar las urgencias públicas y seguir garantizando una atención sanitaria de calidad, universal e igualitaria para todos.
💬 Contexto ciudadano
Las Illes Balears padecen un fenómeno singular: su población residente de unos 1,2 millones puede triplicarse o cuadruplicarse en verano con la llegada de turistas, sometiendo las urgencias sanitarias públicas a una presión estacional extrema. Este problema, agravado por la deuda asistencial acumulada durante la pandemia, no tiene paralelo directo en otras CCAA insulares de menor dimensión turística. El decreto-ley habilita la colaboración público-privada en urgencias, una fórmula con precedentes en países como el Reino Unido (NHS Independent Sector Treatment Centres) o Francia (secteur privé d'intérêt collectif). La importancia es que establece una respuesta normativa flexible para una presión asistencial cíclica previsible, evitando el colapso de urgencias públicas en temporada alta sin renunciar al principio de universalidad del sistema sanitario balear.