Real Decreto 613/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
¿Qué dice esta ley?
**¿Qué es?** Es una modificación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres que completa la incorporación al derecho español de una directiva europea (Directiva 2022/738) sobre el uso de vehículos alquilados sin conductor para transportar mercancías por carretera. **¿A quién afecta?** Afecta a las empresas de transporte de mercancías establecidas en España que dispongan de una autorización de transporte público y quieran utilizar vehículos matriculados en otro país de la Unión Europea, ya sea porque son de su propiedad o porque los tienen en régimen de alquiler ordinario. **¿Qué cambia o establece?** Hasta ahora, los vehículos vinculados a una autorización de transporte debían estar matriculados en España. Con este cambio, se permite que esos vehículos estén matriculados en otro Estado miembro de la UE, siempre que no se supere el plazo máximo que la ley española fija para matricularlos obligatoriamente en España. Si la empresa es propietaria del vehículo, debe acreditarlo por cualquier medio válido en derecho; si lo tiene en alquiler, debe presentar el contrato con la empresa arrendadora.
💬 Contexto ciudadano
La Directiva 2022/738 del Parlamento Europeo y del Consejo actualizó las reglas sobre alquiler de vehículos sin conductor para transporte de mercancías, eliminando la obligación de que el vehículo arrendado esté matriculado en el Estado donde la empresa tiene su autorización de transporte. España tardó en transponer esta directiva, que busca eliminar una barrera al mercado único en el sector del transporte por carretera. El cambio tiene especial relevancia en un mercado donde la escasez de tractoras de alta especificación lleva a muchas empresas a arrendar vehículos en otros países de la UE. La importancia es que elimina una rigidez que generaba inseguridad jurídica y posibles sanciones a empresas que ya operaban de facto con vehículos matriculados en otro estado miembro, en línea con los principios de libre circulación del mercado interior europeo.